La Mancomunidad ha solicitado formalmente a la Subdelegación del Gobierno en Cáceres que intervenga ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social para garantizar la reapertura inmediata y con plena capacidad operativa del Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) de Valencia de Alcántara.

Desde el cierre del edificio que albergaba la oficina, la atención se limita a unos pocos días presenciales a la semana, en un espacio cedido y con medios claramente insuficientes. Esta situación está generando graves problemas a la ciudadanía y a los servicios municipales, especialmente a los servicios sociales comarcales, que se ven obligados a asumir tareas que no les corresponden.

Esta reducción del servicio está provocando además una vulneración real del acceso a derechos básicos.

Personas mayores, con dificultades de movilidad o sin competencias digitales están quedando prácticamente excluidas de la atención presencial.

La población se ve obligada a desplazarse decenas de kilómetros o a recurrir a trámites electrónicos que no siempre puede realizar.

Se está debilitando un servicio esencial que durante años contó con una oficina plenamente operativa y con personal suficiente para atender a toda la comarca e incluso a zonas limítrofes de la provincia de Badajoz.

La falta de un CAISS plenamente operativo rompe el principio de igualdad, afecta a la cohesión territorial y deja a la población rural en una situación de desventaja injusta e inconstitucional.

Además, el desvío de usuarios hacia la tramitación electrónica o hacia el CAISS de Cáceres provocará una caída artificial de las estadísticas de atención, que podría utilizarse como argumento para justificar la desaparición definitiva del servicio, situación que debe impedirse con el concurso de todos los agentes del territorio implicados.

La comarca necesita y merece un CAISS abierto, estable y con todos sus recursos.

Garantizar el acceso a la Seguridad Social no es un privilegio: es un derecho.